LAS PLAYAS DE SAN LORENZO | OPINIÓN DE MARTÍN ESPINOSA
10/09/2025
- Desde la cabina de la memoria crítica, Martín Espinosa nos entrega una columna que desnuda el poder heredado, la privatización encubierta y las cortinas de humo que aún nublan la justicia en México. San Lorenzo no es solo una playa: es el símbolo de un cacicazgo que se resiste a desaparecer.
Las playas de San Lorenzo
Eran los tiempos en los que los caciques políticos «hacían y deshacían» sin que nadie les dijera nada; sin contrapesos, pues. Liderazgo construido en el clientelismo de la época, en los que se ofrecían «favores» o recursos a cambio de apoyo político, lo que generaba una relación de dependencia de los ciudadanos hacia los gobernantes que les permitía amasar fortunas inconmensurables de las que actualmente gozan sus descendientes.
En ese contexto histórico surgió, en el sureste de país, el «liderazgo» de Carlos Sansores Pérez (Champotón, Campeche 1918), conocido en la élite política como «el Negro».
Ocupó importantes cargos en la vida pública del país — dice su biografía — entre los que destacan los de diputado federal y senador por su estado, habiendo presidido ambas cámaras. Fue gobernador entre 1967 y 1973, director del ISSSTE (1979) y presidente nacional del PRI.
Fue en esa época que «el Negro Sansores» se hizo de vastos terrenos de playas entre la zona de Seybaplaya y Campeche capital, con una extensión de 20 mil 682 metros cuadrados que conforman el balneario San Lorenzo, concesión que actualmente está a nombre de Elsa Margarita Sansores San Román, hija del político campechano y hermana de la actual gobernadora, Layda. Cuenta con hacienda, hotel y malecón privado.
El sueño del «Negro» Sansores era convertir la zona en una playa artificial en los más de dos kilómetros de litoral. Sin embargo, el huracán Gilberto — 1988 — se llevó toda la arena y dejó la zona en muy mal estado. En el año 2018, ya bajo la presidencia de López Obrador, la familia Sansores San Román consiguió inmediatamente (10 de diciembre del 2018) la autorización para «explotar» comercialmente la zona y convertirla en «balneario del lujo» hasta por un lapso de 15 años.
Desde 2021, año en que llegó Layda a la gubernatura de la entidad, comenzó la remodelación de la hacienda, las playas y el hotel así como de la playa privada con que cuenta. Se reconstruyó el muelle y se rediseñaron las habitaciones con la finalidad de usufructuar las instalaciones y obtener beneficios económicos.
Por esa razón, cuando recientemente el gobierno de Campeche expidió el decreto de la reforma a la Ley de Expropiación y demás limitaciones al Derecho de Propiedad, en el que se establece como causa la «utilidad pública determinados casos de Propiedad Privada», la población del estado de inmediato se remontó a los tiempos aquellos del cacicazgo político del «Negro Sansores», en los que toda esa propiedad que le debería pertenecer a los habitantes hoy se mantiene como negocio de una familia que, en su momento, se adjudicó bienes de origen público.
En la actualidad, el pueblo campechano tiene qué hacinarse en la zona de Playa Bonita y otros sitios de la región, por la gran cantidad de visitantes que acuden en la llamada «temporada alta» vacacional.
🛢️ Cortinas de humo…
Ante el gravísimo caso de corrupción del «huachicol fiscal» develado por la actual administración en Tamaulipas, tras el histórico decomiso de más de 10 millones de litros de hidrocarburos, en los círculos políticos ya se habla de que para «minimizar» los daños que ello causará al oficialismo, se buscará primero capturar a otros miembros de la oposición para luego ir detrás de algunos miembros «del movimiento» que evidentemente tienen «las manos metidas» en el delito del huachicol.
Es por ello que de inmediato surgió el nombre del exgobernador de Baja California, el panista Ernesto Rulfo Appel, actualmente socio mayoritario de la empresa Ingemar, involucrada en las investigaciones. Sin embargo, el propio Secretario de Seguridad del gobierno federal, Omar García Harfuch, confirmó que el panista no tiene orden de aprehensión como por ahí se aseguró.
“Morena quiere repartir el costo de toda la corrupción”, afirmó ayer en entrevistas el exgobernador bajacaliforniano.
