TEMOR SOCIAL | MARTÍN ESPINOSA
10/12/2020
- Cuando la violencia redefine la vida cotidiana…
🚨 Temor social
Independientemente de los adjetivos, la creciente actividad del crimen organizado ha causado desde hace varios años el temor entre las comunidades, en diversas regiones del país, por lo que han tenido que modificar sus patrones de conducta cotidiana frente a las actividades violentas de grupos y facciones que actúan por encima de la ley.
Tal es el caso de la comunidad nahua de Santa María Ostula, ubicada en el extremo suroeste de Michoacán, perteneciente al municipio de Aquila. Sus pobladores han denunciado desde hace al menos cinco años los hechos delictivos cometidos por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operan en la región costera.
En los últimos dos años, dicha célula criminal ha convertido el uso de coches-bomba en su “modus operandi”, no sólo en Michoacán, sino también en Guanajuato, con al menos cinco ataques registrados.
El atentado del sábado pasado ha sido el más mortífero: seis personas fallecidas, entre ellas el conductor y el copiloto del vehículo, además de tres integrantes de la policía comunitaria, y doce heridos.
El fenómeno no es nuevo: desde 1994 se han documentado 20 ataques similares. Primero fueron los Zetas entre 2010 y 2012; tras una década de ausencia, la práctica volvió en 2024 atribuida al CJNG.
La importancia de los operativos federales radica en que la zona es vital para el transporte de carga: la Carretera Federal 200 enlaza los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, por donde llegan precursores de fentanilo y cargamentos de cocaína. Expertos señalan que el CJNG busca dispersar a grupos rivales para controlar municipios estratégicos, lo cual aún no ha logrado.
El costo de la delincuencia en México durante 2025 ha sido multimillonario: el impacto de la inseguridad en la productividad nacional equivale al 3.4% del PIB, es decir, 4.5 billones de pesos. Las pérdidas empresariales superan lo invertido en salud y educación.
Cifras del sector privado hablan de pérdidas anuales superiores a 26 mil millones de pesos.
Augusto Ramos, secretario general de la CANACAR, advierte que la inseguridad es el principal reclamo de sus agremiados. Regiones como Puebla y Veracruz enfrentan riesgos crecientes para el transporte de mercancías. “Se necesita blindaje, modernización y una voz gremial que deje de pedir permiso para existir… Estamos ante una oportunidad histórica para institucionalizar la defensa del sector y enfrentar con visión estratégica los embates del crimen organizado, la burocracia y los tratados internacionales”, puntualizó.
El sector representa a más de 250 mil firmas del transporte de carga, de las cuales 97% son micro y pequeñas empresas.
