INDOLENCIA ANTE LOS PROBLEMAS | MARTÍN ESPINOSA
23/07/2025
Indolencia ante los problemas
Un clima de enojo e incertidumbre comienza a gestarse en el sur-sureste del país, ante los problemas sociales que, lejos de resolverse, comienzan a tener serias consecuencias entre las comunidades de entidades como Tabasco (hundido en el narcotráfico y la inseguridad), Campeche y Yucatán.
Desde hace más de una semana permanece bloqueada la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen, a la altura de la conocida Península de Atasta (frente a Isla del Carmen hacia su parte suroeste), lo que ha complicado no sólo la movilidad de los automovilistas sino también el traslado de mercancías hacia la Península de Yucatán, con las pérdidas económicas que ello ha provocado.
Si bien los motivos de dicho bloqueo por parte de las comunidades de esa zona de Campeche son por motivos que competen a la autoridad federal (CFE), lo cierto es que la gobernadora Layda Sansores en nada ha contribuido a solucionar las demandas de los habitantes de San Antonio Cárdenas y Nuevo Progreso que demandan mejoras en el servicio de energía eléctrica y la construcción de una subestación prometida por la Comisión Federal de Electricidad.
Sansores San Román está más dedicada a la «grilla política» contra sus adversarios y a censurar a los periodistas serios e independientes de su entidad que denuncian a diario sus tropelías, que en gobernar y atender los problemas que enfrentan miles de campechanos sumidos cada vez más en la pobreza y la falta de servicios básicos para vivir.
Los choferes de camiones de carga han denunciado que para poder transitar en el tramo bloqueado, los manifestantes les exigen pagos de entre 350 y 700 pesos, dependiendo del tamaño de la unidad, para permitirles el paso.
Mercancías, alimentos, herramientas, insumos y animales se encuentran varados en la zona, con el riesgo que representa la pérdida de los productos perecederos la cual asciende a más de 30 millones de pesos.
Para colmo, el proyecto del Tren Ligero en Campeche capital, cuyo costo se disparó por encima de los 5 mil 600 millones de pesos cuando la gobernadora había dicho que costaría solamente 4 mil millones, ha presentado múltiples fallas desde su inicio el pasado 20 de julio, incluyendo problemas con cables reventados de la CFE, Telmex y otros servicios y daños a viviendas cercanas durante las pruebas.
La empresa encargada de su construcción, Mota Engil, ha tenido que realizar en las últimas horas reparaciones en las casas afectadas ante la queja de los vecinos.
Lamentablemente, la obra que no es otra cosa que una «copia» de un Metrobús, es otro timo para los campechanos porque dicho transporte está destinado más para pasajeros que deseen ir a la estación del Tren Maya, por lo que sólo tendrá 4 frecuencias al día.
Por ello, cuando se le compara con el Metrobús de la Ciudad de México que recorre 30 kilómetros, 238 estaciones y que tuvo un costo de sólo 2 mil 800 millones de pesos, resalta que con todo lo gastado por el gobierno de Layda Sansores pudieron haberse hecho varias obras de infraestructura urbana e hidráulica, incluido el transporte, que tanto urgen a la población que habita en la capital campechana.
Una muestra más del desgobierno que prevalece en Campeche ante una autoridad indolente, cuya única preocupación es que la prensa y los analistas «no hablen mal» de la mandataria estatal y para ello «torcer la ley» para mandarlos callar.
Despojo de tierras en el sureste…
Desde Yucatán nos informan que se investiga una red de despojo de terrenos en la zona costera del estado, en la que estarían involucrados políticos, notarios y empresarios. Uno de los nombres que más se repite en las denuncias es el de Mario Peraza, ex diputado federal del PRI por el Distrito 2 de Yucatán, una demarcación que incluye varios municipios costeros de alta plusvalía.
Se le señala de haber facilitado estas operaciones durante su paso por el Catastro estatal en el gobierno de Rolando Zapata Bello. Se le acusa de permitir, mediante «maniobras legales», la apropiación de predios valuados en millones de pesos a favor de un grupo reducido de familias con poder económico.
Algunos afectados ya se han acercado a las autoridades estatales para entregar información, aunque han pedido mantener su identidad en reserva por la sensibilidad del caso. El gobierno del estado y la Secretaría Anticorrupción ya tendrían las denuncias anónimas en su poder.
También se menciona al notario Carlos de la Mora Lizama como parte de estas operaciones, por haber dado legalidad a transacciones presuntamente irregulares. El tema podría ser llevado en los próximos días ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
🔎 Resumen editorial:
Un bloqueo carretero en Campeche, extorsiones a transportistas, sobrecostos en obras públicas y el despojo de tierras en Yucatán revelan la indolencia institucional frente al sur-sureste abandonado.
