Al gobierno federal le consta que no basta con crear una empresa del Estado que se dedique a la distribución del gas LP entre los consumidores para corregir las distorsiones que durante años se produjeron en el mercado de ese combustible y sabe, también, que no es con fijar precios “controlados” por la misma autoridad como va a “meter orden” en la compleja red de distribuidores de combustibles con la finalidad de proteger el bolsillo de los consumidores.
Hace unos días, en la mañanera, el presidente López Obrador afirmó que “no ve mal” entregar más permisos de distribución de gas LP, al explicar cuáles son los tres eslabones más importantes de la cadena que interviene en el reparto de dicho insumo a la mayoría de los hogares del país que lo consumen: “Hay dos actores en todo lo que es la distribución del gas, o tres; uno es Pemex, que abastece, pero ya no es el único, luego están los distribuidores del gas en todo el país. En algunos estados, los mismos distribuidores que se abastecen de gas de Pemex o importan el gas lo llevan hasta las colonias, el mismo distribuidor tiene toda la cadena. En otros casos, por ejemplo en la Ciudad de México, además de los distribuidores hay actores que se llaman ‘concesionarios’. Se está buscando un acuerdo. Ya con los distribuidores se logró; ya entendieron que se debe de respetar un precio máximo porque no estaba bien que en los últimos meses el gas se estaba incrementando mucho: 35 por ciento… Por eso se tomó la decisión, tanto de establecer los precios máximos como el crear la empresa Gas Bienestar para que haya competencia… En el caso de los concesionarios, todavía hay alguna inconformidad… “Lo que queremos es que el precio final sea justo. Entre más competencia, mejor”, insistió el Presidente, para luego acotar: “(el problema) no se va a resolver nada más con el precio máximo, no somos ingenuos…”.
Pero también el gobierno federal sabe perfectamente de presuntas irregularidades entre algunos distribuidores de gasolina y por ello ha iniciado indagatorias para poner orden. Tal es el caso del dueño de la empresa de combustibles Windstar LPG, Marco Zaragoza Fuentes, quien supuestamente está bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera por denuncias de prácticas anticompetitivas en el mercado mexicano.
De acuerdo con los expedientes, desde abril pasado, tanto la UIF como la Secretaría de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor han detectado prácticas ilegales por parte de dicha empresa, la cual ha tenido un manejo irregular tanto en finanzas como en ventas en los estados donde opera. De hecho, el presidente López Obrador hizo un llamado a que cualquier práctica de las distribuidoras abusivas se tenga bajo investigaciones exhaustivas a fin de erradicar el negocio ilícito.
Por estos hechos, las tres autoridades iniciaron diligencias en contra de la firma de Zaragoza Fuentes, para detectar cualquier tipo de práctica “dumping” e iniciar acciones en contra de Windstar. La Comisión Reguladora de Energía y la Sener decidieron, hace unas semanas, suspenderle el permiso de importador de combustibles, una vez que detectaron huachicol a través de la firma, debido a que no reportaban ante la autoridad tributaria la cantidad exacta de los combustibles que ingresaban al país a fin de evadir impuestos.
Hasta el momento, la autoridad se encuentra analizando todas las pruebas en contra de Windstar y, de encontrarse culpable, podría perder para siempre su registro de importador. Además, ha sido señalada en las últimas cuatro semanas como una de las gasolineras más caras en todo el país.
Hay que recordar que en repetidas ocasiones el Presidente ha dicho que todas estas prácticas ilegales lesionan el compromiso del gobierno de no aumentar los precios de la gasolina, así como el esfuerzo por erradicar el negocio ilícito que daña la soberanía de Pemex.
