En junio pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera, que dirige Santiago Nieto, recibió una denuncia contra la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), que dirige Maribel López Martínez, cinco de sus colaboradores y tres exfuncionarios federales, a quienes se señala de tejer una red de corrupción al amparo del monopolio que ostentan desde hace 23 años, cuando se les concedió la autorización para emitir licencias a las certificadoras de Normas Oficiales Mexicanas y de Metrología en territorio nacional.
Se sabe que la UIF tiene información de que la EMA ha mantenido en absoluta secrecía sus finanzas, no obstante que “palomea” a toda empresa de bienes y/o servicios que tiene que pasar —a través de certificadores autorizados— por sus oficinas. ¡Y vaya oficinas! A través del cobro de servicios monopólicos, López Martínez y su equipo se han hecho de un edificio sobre la calzada Mariano Escobedo, en la Ciudad de México.
El financiamiento a sus actividades respondería a prácticas fiscales de simulación de pagos asimilados a salarios con la finalidad de obtener efectivo y simular el pago a proveedores. De esa manera, se presume que ha podido “sostener” los servicios de varios funcionarios que fueron sus allegados mientras se desempeñó en la Secofi y luego Secretaría de Economía, como, por ejemplo, la exsubsecretaria María del Rocío Ruiz Chávez; la extitular de la Profeco, María Eugenia Bracho González, y el exdirector de Normas, Alberto Ulises Esteban.
Los miembros del consejo directivo de EMA que están bajo el foco de la UIF son: Mario Gorena Mireles, presidente de la EMA y empresario de Nuevo León, miembro del Consejo Nacional Agropecuario (CNA); José de Jesús Rodríguez, vicepresidente y cantante de música ranchera y vicepresidente de la Canaco; Octavio García Méndez, tesorero y secretario general de la Concanaco; Francisco Martha Hernández, secretario de la EMA y director general de la Cámara Nacional de la Industria Hulera, y Mauricio García Perera, prosecretario de la EMA y director de Relaciones con Gobierno de Sigma Alimentos, miembro también del CNA.
Y ahora que López Martínez quedó exhibida, incluso en la misma mañanera del presidente López Obrador, seguramente comenzará a “ejercer presión” contra sus propios clientes para saber quién ha puesto al descubierto sus andanzas y tropelías.
Por cierto, hablando de las mañaneras presidenciales, hace unos días el propio López Obrador dio instrucciones al gobierno federal para que “atraiga” las investigaciones de un indignante caso ocurrido el pasado 21 de julio: el asesinato del joven veracruzano José Eduardo Ravelo Echeverría a manos, supuestamente, de un grupo de policías municipales de Mérida, Yucatán. Ante el desaseo de la Fiscalía estatal, a cargo de Juan Manuel León, el titular del Ejecutivo federal ordenó a la Fiscalía General de la República atraer las investigaciones.
El desorden y la manipulación de la Fiscalía estatal obligó, el domingo pasado, a la exhumación del cadáver de José Eduardo en su natal Veracruz, a fin de realizar una nueva autopsia que dé pistas sobre lo que realmente sucedió en torno de la muerte del joven de 23 años.
El pasado 7 de agosto, la Fiscalía yucateca anunció la detención de 4 policías municipales de Mérida, a quienes acusó de ser los responsables de la muerte del joven veracruzano. Sin embargo, menos de una semana después, un juez ordenó la liberación de los policías ante la falta de pruebas.
Los abogados de los policías que fueron liberados acusan que la Fiscalía tampoco tomó en cuenta el video en el que la víctima sale del MP caminando por su propio pie, aparentemente sin ningún signo de maltrato, tras rendir su declaración de ley. Hasta el momento, hay más dudas que certezas; con las indagatorias de la FGR, que encabeza Alejandro Gertz Manero, habrá más claridad para saber qué sucedió con la muerte de este joven, para tranquilidad de su familia y en favor de la lucha contra la impunidad.
