MEXICANA DE AVIACIÓN Y LA POSIBLE COMPRA DEL GOBIERNO
Colaboración de Rafael Ortiz Carcamo
Mexicana de Aviación y los jubilados
En lo que respecta a la posible compra de la marca Mexicana de Aviación por parte del gobierno y de la instrumentación de esa operación con los ex trabajadores por parte de la Dirección de Trabajo Digno (o la subsecretaría), podemos decir que a estas alturas no ha dado los frutos deseados y en su lugar hay un rastro de huellas e incógnitas que, no han encontrado otro medio de transmisión que un ruido mediático estruendoso para los involucrados, pero que no rebasa los decibeles de un zumbido de insecto ante otros actores.
Y es que por más que se han empeñado en endulzar el oído de la joven Secretaria y del Presidente con afirmaciones que corresponden más a sus deseos que a la realidad, las versiones sobre “pequeños inconvenientes legales” se ha demorado una y otra vez lo que desde el pasado mes de diciembre, por instrucciones presidenciales, debía haberse consumado; pero que no ha sido así no por un grupo de 250 jubilados, no por un abogado; sino por la impericia de un funcionario.
Aquí un listado de preguntas y respuestas que pueden hacerse sobre el caso:
¿Cómo es que un grupo minoritario de jubilados ha logrado detener esa compra?
A través de un amparo que otorgó la suspensión del acto (recordando que el amparo es un mecanismo de defensa contra actos cometidos por una autoridad), ya que cuentan con un laudo (sentencia) que les garantiza el pago de sus pensiones con la venta de los bienes de la empresa o por quien sea su propietario.
¿La compra de la marca no les garantiza su pago?
No se sabe, nadie los ha convocado; ningún trabajador sabe a ciencia cierta si cobra lo que dice su laudo, una parte o un porcentaje. Por eso se ampararon.
¿Qué funcionario de la 4T ha hablado con esos trabajadores?
Ninguno
¿Qué funcionario o representante de los trabajadores que sí fueron incluidos en el diálogo con el gobierno ha dado a conocer los parámetros exactos del “acuerdo de voluntades” entre la STyPS y los afectados o beneficiarios de esa posible compra de la marca Mexicana de Aviación?
Ninguno
¿Acaso el Gobierno no sabía que los trabajadores que cuenten con un laudo podrían haber exigido el pago de su laudo?
Dado que se trata de la quiebra de una empresa, todo asunto relativo se dirimió en tribunales.
En cuanto a los adeudos laborales ya reconocidos, esto fue ante autoridades laborales y ante una acción gubernamental como la anunciada, supone un estudio previo del caso en el que se analizaran escenarios probables.
¿Qué instancia gubernamental debe otorgar certeza jurídica a las relaciones laborales en México, mantener el equilibrio entre los factores de la producción e impartir justicia entre estos actores a través de la conciliación y el arbitraje?
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
¿De quién depende esa instancia?
Según la página de la Secretaría de Gobernación “está sectorizada a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero tiene un carácter autónomo”.
O sea que, por cualquiera de estas dos entidades, que son ante las cuales los jubilados (y otros trabajadores) obtuvieron un fallo jurídico, debió hacerse un concienzudo análisis informando a sus titulares sobre los compromisos económicos a cubrir en caso de la compra; de las acciones posibles por parte de los involucrados y de los mecanismos de resolución de conflictos en caso de que los hubiera.
¿Por qué la compra de la aerolínea la hace la STyPS y no la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (encargada de la aviación civil mexicana)?
No se conoce posición oficial alguna al respecto.
Como se puede deducir, es la autoridad encargada de tutelar los derechos de los trabajadores la que hace una operación mercantil sin consultar a quienes, derivado de la misma, resultarían beneficiados o perjudicados.
Lo intenta y en ese intento falla en lo más elemental pues, de haberse documentado a fondo, hubiera entendido que no se puede ni se debe tratar igual a los desiguales.
No puede, además de ignorar a este grupo, intentar doblegarlo renunciando al único derecho que, aunque no se ha logrado concretar, brinda esperanza y sobrevivencia.
No puede ni debe hacerse en un régimen que aboga por los más débiles y necesitados, no a costa de violentar un derecho humano y devengado con más de 25 años de trabajo.
No, no deben seguir engañando con palabras dulces al Presidente que, con la mejor de las voluntades brinda una puerta de salida a un conflicto y tragedia en el sector aéreo mexicano que lleva más de una década sin resolverse. No pueden ni deben engañarlo con versiones que no son verdad ni con ocurrencias que dejarán evidencia de un atropello a quienes igual que él, trabajaron toda una vida posicionando a México; él en la política, ellos en una empresa emblema del país.
Se los dice un sobrecargo jubilado de Mexicana de Aviación.
