AYOTZINAPA, OCHO AÑOS SIN JUSTICIA, LUMINISCENCIA
LUMINISCENCIA
Opinión 28/09/2022
Ayotzinapa, ocho años sin justicia
Han pasado ocho años desde aquella noche del 26 de septiembre cuando fueron desaparecidos, torturados y asesinados, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, ubicada en el Municipio de Ayotzinapa, Guerrero.
Después de todo este tiempo continúan surgiendo preguntas y la justicia sigue sin llegar a las familias de los estudiantes.
Ayotzinapa es una herida abierta. Un pendiente nacional. Un crimen de Estado que ha sido desnudado gracias el esfuerzo de muchos, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), colectivos como las Madres Buscadores y periodistas de México y el extranjero.
Gracias a esos esfuerzos se sabe que en este cruel episodio hubo Policías Municipales, Policías Estatales e incluso altos mandos del Ejército Mexicano involucrados en la desaparición forzada de los normalistas.
La falacia de la “verdad histórica”, construida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, se cae a pedazos conforme se acumula la incertidumbre y profundizan las indagaciones.
El informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, de agosto de 2022, que reúne información del CISEN, la SEDENA, la Policía Federal, el Gobierno de Guerrero, la Policía Estatal de Guerrero, la Fiscalía General de Guerrero, la CNDH, el Centro ProDH y la PGR, así como testimonios de sobrevivientes e involucrados en el caso; confirma la omisión, negligencia, colusión y participación de autoridades en el crimen.
El informe también señala al ex Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, como uno de los responsables de dar la instrucción de “levantar” a los estudiantes y a personajes clave del sexenio anterior como el procurador Jesús Murillo Karam; el subprocurador de la SEIDO, Rodrigo Archundia; el encargado de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro, Gualberto Ramírez y el Director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón; como los responsables de distorsionar las evidencias y datos duros, con fines políticos alejados de la procuración de justicia.
Como lo citó en su reciente columna publicada en el diario Reforma, la periodista Peniley Ramírez, el informe de la Comisión arroja nuevos datos que incluyen una operación de limpieza que llevó a la desaparición de restos en el cuartel del 27 Batallón del Ejército Mexicano; un hecho brutal que compromete a mandos militares de la región.
Sin embargo y aunque el gobierno del Presidente López Obrador ha dado pasos importantes para esclarecer los hechos, tal y como lo prometió al inicio de su gobierno, todo parece apuntar a que existen piezas del rompecabezas que jamás conoceremos, porque esa misma operación de limpieza incluyó la ejecución de personas relacionadas con los hechos, que muy probablemente se llevaron información clave a la tumba.
En medio de todo esto, la tragedia sigue provocando dolor, sobre todo en las familias de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Muchas madres siguen sin encontrar consuelo, sin saber qué fue de sus hijos y si todavía hay esperanzas de encontrar sus restos.
La marca de Ayotzinapa se encuentra al rojo vivo, porque la justicia ha caído a cuentagotas, mientras se descubren poco a poco nuevos indicios que exhiben, a toda la luz, la barbarie criminal, la falta de gobierno, pero sobre todo la descomposición del Estado Mexicano y de muchas de sus instituciones.
