LA DELINCUENCIA REBASA A LAS AUTORIDADES EN MÉXICO
LUMINISCENCIA 17/08/2022
Gobiernos rebasados por la delincuencia
México lleva sumergido en una ola de violencia y criminalidad muchos años. Sin embargo, no fue sino hasta este sexenio cuando fuimos testigos de la claudicación de algunas autoridades de gobierno frente al actuar de la delincuencia organizada e incluso de señales claras de tolerancia frente a sus operaciones ilícitas.
La misma filosofía de los “abrazos, no balazos”, disfrazada de estrategia y política pública de seguridad, es una negación, de facto, de la responsabilidad del Estado para garantizar la seguridad de los gobernados, incluso haciendo uso de la fuerza pública.
Los recientes ataques contra la población civil ocurridos en ciudades como Ciudad Juárez, Irapuato, Celaya y Zapopan, confirman dos cosas: uno, que la violencia, lejos de lo que se dice en Palacio Nacional, ha aumentado exponencialmente y dos, que los tres niveles de gobierno del país están rebasados por el poderío de los grupos criminales.
Las autoridades gubernamentales se niegan a las confrontaciones directas con los delincuentes, ya sea por miedo a quedar expuestos en su incapacidad o peor aún, por complicidad.
Solo basta recordar la decisión del Presidente López Obrador de liberar a Ovidio Guzmán, hijo del famoso narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, tras la violenta reacción registrada en Sinaloa luego de que fuera capturado por elementos de la Marina.
Otro ejemplo es la brutal declaración de la alcaldesa morenista de Tijuana, Montserrat Caballero, quien en un mensaje oficial pidió a los criminales ajustar cuentas entre ellos, sin afectar a la población civil, como si las ejecuciones diarias, las extorsiones, los “levantones” y otro tipo de delitos, pudieran tener lugar a ojos de las autoridades sin tener consecuencias.
Si esto fuera una realidad, ejecuciones como la de Carlos Sánchez alías “El Cholo”, un narcotraficante del Cártel de Sinaloa secuestrado, torturado, ejecutado y abandonado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación en la plaza principal de Tlaquepaque, Jalisco, serían hechos comunes tolerados por las autoridades de gobierno. Mientras se maten entre ellos, afirman muchos, no pasa nada.
La realidad, sin embargo, confirma que México ha llegado a niveles históricos de violencia, con daños sistémicos irreversibles. Estoy hablando de la existencia de “narcogobiernos”, grupos armados de autodefensa y zonas del territorio nacional en manos de la delincuencia organizada.
De hecho, en el informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes 2021 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se afirma que nuestro país se encuentra en un momento crítico, pues mientras los grupos del narcotráfico han expandido sus operaciones y poderío, el gobierno de López Obrador ha disminuido sustancialmente los decomisos de drogas, las operaciones de inteligencia financiera en contra de éstos y las detenciones de cabecillas; lo cual representa un riesgo incluso para la seguridad nacional del vecino país del norte.
Una historia, que por cierto, se vivió en Colombia entre los años 1980 y 1990.
Al decir “gobiernos rebasados” me refiero a gobiernos de los tres niveles: municipales, estatales y federales (transexenales); que sin importar su extracción partidista, han fallado o han renunciado a su responsabilidad pública de brindar seguridad.
Peor aún, los que a partir de su colusión con la delincuencia organizada han permitido que se cometan atrocidades en contra de la población, como es el caso de los involucrados en la desaparición y ejecución de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Un grave momento el que vivimos en México. La sociedad está abandonada a su suerte.
