LOS NUEVOS ALIADOS, DECISIÓN DE ESTADO, DESDE CABINA
DESDE CABINA
La opinión 12/10/2022
Los nuevos aliados
Una nueva realidad política ha quedado «dibujada» tras el debate, por demás polémico, de la continuidad del Ejército en tareas de seguridad pública y su prolongación hasta el año 2028, decisión tomada por mayoría calificada en el Senado y que deberá ratificar en los próximos días la Cámara de Diputados.
Y es que no se trata solamente de «alianzas de ocasión» como algunos han supuesto, sino que el fondo de dicha votación va más allá de la supervivencia del PRI o el PAN como los principales partidos de oposición a Morena.
Se trata, más bien, de una decisión de Estado que vislumbra ya un «acuerdo político» entre el gobierno de López Obrador y los priístas de la llamada «vieja guardia», con sus representantes en el Congreso, y que hoy se replantean la necesidad de «delimitar» la actuación de las fuerzas armadas en las calles del país.
Llama la atención la derrota sufrida en la Cámara alta del coordinador de la bancada priísta Miguel Ángel Osorio Chong, quien no pudo «convencer» a sus 12 legisladores para que votaran en contra de la iniciativa de prolongar la presencia del Ejército en tareas de seguridad y sólo lo hicieran el propio ex Secretario de Gobernación, la recién «destapada precandidata presidencial Beatriz Paredes y la guerrerense Claudia Ruiz Massieu, quienes abiertamente han pedido la salida de Alejandro Moreno «Alito» de la dirigencia tricolor. Ahí quedó su derrota.
El ganador, evidentemente, ha sido una vez más el dirigente priísta quien «demostró» su liderazgo al conseguir 10 de los 13 votos con que cuenta el tricolor en el Senado. Más allá de los «pragmatismos» que ello sugiere, los integrantes de la llamada 4T han recapacitado frente a un gobierno que hasta hace poco «no hacía caso» a la oposición y no co-gobernaba con ella.
El futuro inmediato de Osorio Chong parece ya «cantado». Diversas voces en su bancada comienzan a «pensar» ya en destituirlo como coordinador y proponer en su lugar al priísta yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, profundo conocedor de las «entrañas legislativas» y un «factor de unidad» entre los priístas.
Dos años de trámites y nada
Este mes se cumplen dos años del anuncio de los 39 Proyectos de Reactivación Económica del presidente López Obrador, entre ellos el Muelle de Cruceros de Cozumel así como la ampliación de Puerto Progreso, Yuc. (4 mil millones de pesos).
A la fecha, el primero se encuentra detenido en el juzgado Tercero de Distrito en Cancún, a cargo de Pamela López Swain, quien sigue sosteniendo el amparo contra el muelle, aunque en la revisión se han desechado todas las pruebas de los presuntos ambientalistas que no han logrado sostener sus acusaciones.
A ello se suma la Semarnat de María Luisa Albores, que sigue sin liberar trámites secundarios a pesar de que la Manifestación de Impacto Ambiental se encuentra aprobada al 100 % mediante una serie de condicionantes impuestas para llevar adelante el proyecto.
Muelle Cozumel forma parte del primer paquete de 39 proyectos que en combinación con el segundo, otros 29, implicaban inversiones por 526 mil millones de pesos (US 25,700 millones). Varios ya están en marcha pero otros siguen frenados por la burocracia, a pesar de la orden presidencial de 2021 de dar prioridad a los permisos de estos proyectos.
Investigaciones en Chihuahua
La Fiscalía de Chihuahua ha abierto una Carpeta de Investigación por el delito de peculado en contra del ex gobernador Javier Corral, por el presunto desvío de 3 millones de pesos, mismos que le fueron entregados en el año 2010 cuando era senador, por un empresario local que denuncia presión y engaño.
En un principio, Corral Jurado prometió que esos recursos serían destinados para capacitación en el estado y afirmó que serían «fondeados» por las prerrogativas que el organismo electoral otorga a los partidos políticos.
Sin embargo, hay evidencia de que el ex gobernador los utilizó para la compra de espectaculares que promovían su imagen, así como la compra de automóviles de lujo, entre otros gastos. La denuncia fue presentada por el activista Fermín Ordóñez.
La «clase política» del estado sostiene que en este caso la justicia tardó, pero llegó.
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