CORPORATIVO con Rogelio Varela
El gobierno ha planteado a las empresas poner precios preferenciales a una canasta de 24 productos para hacer frente a la inflación en el país
Opinión 04/05/2022
A unas horas que el presidente Andrés Manuel López Obrador presente su plan para tratar de frenar la inflación a partir de una canasta de productos que tendría precios preferenciales en el sector privado hay incertidumbre.
Como sabe, México encara la inflación más alta en 21 años, y si bien se ubicó hasta la primera quincena de abril en 7.72 por ciento la presión en costos hace pensar incluso al propio Banco de México que tiene como gobernadora a Victoria Rodríguez Ceja que el crecimiento en los precios aún tardará en ceder.
Por lo que se sabe del plan el gobierno federal buscará una suerte de precios preferenciales para productos de consumo popular que sean los mismos en todos los comercios, lo que también entraña riesgos a partir de hacer cumplir el artículo 28 Constitucional.
Una de las voces más críticas desde el sector privado ha sido la de International Chamber of Commerce México (ICCM), que preside Claus von Wobeser, quien ha planteado al gobierno que el plan de marras se realice dentro del marco de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).
La ICCM dice que tanto el gobierno como las empresas deben conocer los riesgos e implicaciones de reunirse para discutir los problemas relacionados con el alza de precios luego que el artículo 9 de la LFCE señala que “para poder fijar precios oficiales o precios máximos de un producto la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) debe hacer una declaración previa que no existe competencia efectiva o hay una distorsión en el mercado que lo impide”.
Sólo en ese supuesto, la Secretaría de Economía de Tatiana Clouthier Carrillo podría convocar a las empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras de los productos para informarles que debido a determinada falla de mercado, temporalmente se fijará el precio máximo tomando en cuenta costos y márgenes de ganancia razonables.
Por el contrario, de brincarse esa tranca las empresas manipularían el precio y violarían el artículo 53 de la LFCE, que es una de las faltas más graves que se sanciona con hasta el 10 por ciento de los ingresos de las empresas, independientemente de responsabilidades de carácter penal.
Y es que en ese tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha indicado que la práctica no se configura porque su monto haya sido a la baja o al alza, sino por la existencia de acuerdos adoptados entre agentes económicos, de ahí que si empresas competidoras se reúnen ?a petición del gobierno? a discutir no aumentar precios a determinado nivel estarían en riesgo de cometer un delito federal.
Por ello los temores de las empresas ante tal escenario, y sobre todo, cuando el banco central sabe que la inflación no bajará de manera sostenida con sólo amarrar los precios de una canasta de productos.
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/5/4/fijar-precios-401502.html
