Facturas por pagar | Opinión de Martín Espinosa
16/07/2025
Facturas por pagar
Al igual que el robo y la venta ilegal de combustibles, prácticas conocidas coloquialmente como «huachicol», otro conflicto que tiene a Pemex en el «ojo del huracán» ha sido el creciente adeudo en los últimos años que dicha empresa mantiene con miles de empresas proveedoras, en su mayoría micro, pequeñas y medianas, que hoy enfrentan una severa crisis financiera derivada del incumplimiento en los pagos por parte de esta empresa «productiva» del Estado.
A pesar de que a finales de marzo pasado se reportó una disminución del 20 por ciento en la deuda a proveedores, ubicándose en poco más de 400 mil millones de pesos, el monto continúa siendo de proporciones insostenibles.
De igual manera, a pesar de reconocer que este año Pemex ha pagado 147 mil millones de pesos y que ya se trabaja en mecanismos con la Secretaría de Hacienda para saldar el resto, mientras no se cubra la totalidad del adeudo miles de empresas seguirán en riesgo de detener operaciones, despedir personal e incluso cerrar definitivamente.
Diversos sectores del país han advertido que los pasivos acumulados que hoy asfixian a cientos de empresas proveedoras obedecen a malas prácticas, sobrecostos y contratos poco transparentes heredados de administraciones anteriores.
La empresa estatal acumula al día de hoy una deuda financiera total superior a los 2 billones de pesos, que incluso creció 3.8 por ciento al cierre del 2024.
La afectación por no pagar dichas facturas se concentra especialmente en zonas clave para el desarrollo energético del país como Ciudad del Carmen, Tapachula, Hidalgo, Irapuato, Tamaulipas, Oaxaca, Reynosa, Tabasco, Tampico y Veracruz, donde ya se nota con mayor profundidad una desaceleración económica que amenaza el futuro de muchas familias que dependen de esa actividad; una factura social que difícilmente podrá pagarse en el mediano plazo.
Precisiones del ISSSTE…
Recibimos en esta columna la aclaración del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que dirige Martí Batres, sobre la licitación LA-51-GYN-051GYN005-N-33-2025 en favor de la empresa Ocram Seyer-Wilk, en la que expresa que «es falso que se haya hecho caso omiso a la directriz del Órgano Interno de Control sobre la reposición del fallo.
En estricto cumplimiento a lo ordenado en la resolución del 9 de junio de 2025 se remitió a esa autoridad administrativa dicha reposición y la Evaluación Económica por puntos y porcentajes del proceso de licitación, así como los motivos por los cuales se desechó la propuesta de Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales S.A. de C.V. en participación conjunta con Aseo Privado Institucional S.A. de C.V.«.
Precisa que «en ningún momento esa autoridad resolvió que debía adjudicarse el fallo a las personas morales, cuya propuesta fue desechada».
Las causas de ello – aclara – son legales y se prevén claramente en la convocatoria, «ya que el precio mensual ofertado en su proposición creaba una situación de incertidumbre e inconsistencia, respecto de su capacidad para el cumplimiento total de la prestación del servicio» que se refiere a aseo, higiene y desinfección en unidades médicas y otros espacios de la institución.
En contraste, la empresa afectada argumenta que no se atendió su queja dado que la autoridad mandató a que se cumpliera con la metodología de evaluación prevista en la convocatoria; es decir, otorgarle la mayor cantidad de puntos a la oferta más baja.
Cabe resaltar que la convocatoria no indica que las propuestas económicas deban ser sometidas a un «análisis lógico» o verificar que existiera «congruencia», por lo que calificar de inconsistente la propuesta ejecuta acciones no previstas en las bases de licitación ni en la propia Ley de Adquisiciones.
La convocatoria debió limitarse a otorgar puntos a la propuesta más baja, ya que en ella no se prevé la aplicación de algún análisis a las propuestas presentadas.
Lo expuesto en esta entrega refleja una constante que exige atención: el desorden financiero en Pemex y las ambigüedades en las licitaciones del ISSSTE no solo son síntomas de una gestión pública opaca, sino alertas sobre el impacto real que estas decisiones tienen en miles de ciudadanos.
Esta columna forma parte Desde Cabina, un espacio donde el micrófono no negocia con el poder y la palabra hace contrapeso. Publica: Martín Espinosa | Opinión editorial: La Evidencia News
