ESTADO DE EXCEPCIÓN Y LA AMENAZA A LA PRIVACIDAD / OPINIÓN DE RODRIGO GONZÁLEZ ILLESCAS
01/04/2025
Estado de Excepción y la Amenaza a la Privacidad: Un Debate Necesario / #PuntoDeQuiebre
La semana pasada se retiraron del orden del día las iniciativas en materia de seguridad propuestas por el bloque oficial. Sin embargo, ante la eventual aprobación por mayoría del Gobierno y sus aliados, se vislumbra un antes y un después en nuestro país.
La posibilidad de acceder a información sensible —datos biométricos, cuentas personales digitales, registros de salud y bancarios— podría instaurar, en la práctica, un supuesto estado de excepción, a pesar de que técnicamente no lo enfrentamos, incluso en medio de elevados índices de violencia.
En términos constitucionales, el estado de excepción se define como un régimen extraordinario que reconoce el poder soberano de un país en situaciones especiales.
Este mecanismo se ha empleado, por ejemplo, en la conocida Ley Patriota en Estados Unidos tras los atentados terroristas de 2001, otorgando poderes supra constitucionales a las agencias de seguridad para combatir el terrorismo, recopilar datos y vigilar comunicaciones.
En el contexto actual, conferir facultades especiales para la recolección de datos y la vigilancia de comunicaciones, incluidas aquellas de carácter digital, pone en entredicho la aplicación práctica de un régimen de excepción.
La violencia en lugares como Teuchitlán, Jalisco —con homicidios, desapariciones forzadas y otros crímenes vinculados al narcotráfico— plantea la inquietante interrogante de si la magnitud de la violencia justifica el otorgamiento de poderes metaconstitucionales sin una declaración formal de estado de excepción.
Este debate, por su relevancia y el peligro inherente a la manipulación de información sensible de todos los mexicanos, compromete la estabilidad nacional.
Es fundamental evaluar las posibles consecuencias y buscar soluciones que equilibren la seguridad con la protección de los derechos humanos y la privacidad, sin descuidar la imperiosa necesidad del Estado mexicano de combatir al crimen organizado con las herramientas adecuadas para preservar el orden y la justicia.
