La corrupción del IMSS-Bienestar
25/06/2025
A menos de un año de creado el IMSS-Bienestar como organismo público descentralizado, un grupo de servidores públicos han sabido aprovechar sus cargos y relaciones en dicho organismo para favorecer a empresarios «amigos» y beneficiarse de la consecuente corrupción.
Se trata de María de Jesús Herros Vázquez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas; José Enrique Pérez Olguín, director General de Modernización del Sector Salud, y Bladimir Martínez Ruiz, titular del Área de Planeación Estratégica y Coordinaciones Estatales y vocal del Consejo de Mejora Regulatoria del IMSS-Bienestar.
Estos servidores públicos han estado involucrados en distintos escándalos de tráfico de influencias y asignación de contratos millonarios sin licitación pública a sus amigos y aliados políticos en distintos estados del país gobernados por Morena. Por lo tanto, deben ser investigados y auditados.
En momentos en que se registran carencias por desabasto de medicamentos y falta de recursos financieros, estos personajes forman parte de un grupo conocido como «El Cártel de la Sangre», el cual se vale del tráfico de influencias para asignar contratos a empresas de familiares y amigos, incluso algunas de ellas sin capacidad o conocimiento en materia de salud pública.
A los estados se les quitó presupuesto para cubrir gastos de salud, con el pretexto de financiar el modelo IMSS-Bienestar; sin embargo, contrario a mejorar el sector, estos recursos públicos han sido aprovechados para asignar contratos directos, no solo en materia de salud, sino en otras áreas como seguridad y vigilancia a empresarios amigos de los personajes antes citados.
Tal ha sido el caso de los recientemente contratos asignados de manera directa en materia de seguridad y vigilancia en forma simultánea en 17 estados del país a la empresa Grupo PRYSE de México, la misma que casualmente ganó el contrato de seguridad privada del Aeropuerto Internacional «Benito Juárez» de la Ciudad de México.
Dicha empresa ha estado involucrada en escándalos por falsificación de documentos y simulación de competencia para obtener contratos públicos.
Durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) obtuvo dos contratos por un monto menor a un millón de pesos; pero en 2022, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, obtuvo un contrato del IMSS por más de 600 millones de pesos para vigilar unidades médicas y centros vacacionales.
Su red de influencia se expande además al sector de alimentos, como el caso del Corporativo Kosmos, propiedad de Jack Landsmanas. Se trata de una empresa de comedores y alimentos.
Aún cuando es investigada por lavado de dinero, obtuvo contratos para surtir comida y medicamentos a dependencias federales de la Ciudad de México, Estado de México y Baja California (todas gobernadas por Morena) por 28 mil millones de pesos durante los últimos seis años.
Estos funcionarios buscan dividirse el pastel de los servicios integrales en salud asignándole jugosos contratos a grupos como Vitalmex, Casa Plarre, Falcón, Dicipa y otras empresas de Fernando Padilla Farfán, amigo cercano al senador Adán Augusto López.
Padilla Farfán ha sido uno de los empresarios cercanos al excandidato presidencial tabasqueño y ahora Senador de la República, que se ha visto beneficiado de los gobiernos de la 4T.
Uno de dichos contratos asignados en forma directa es para operar las Clínicas del Bienestar, cuyo objetivo es brindar servicios de salud en comunidades de escasos recursos; también la construcción del hospital de La Morita en Tijuana y centros de salud móviles en distintos municipios de Baja California, que en conjunto superan los mil millones de pesos.
Este «Cártel del Águila Verde», lejos de buscar un equilibrio y diversificación de empresas que ofrezcan calidad y servicio mantienen una relación de beneficios mutuos con las empresas antes mencionadas.
Dicho beneficio es que por cada contrato millonario que les asignan tienen que entrarle con un «moche» de hasta el 20 por ciento.
La presidenta Claudia Sheinbaum; el director general del IMSS, Alejandro Svarch, y Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud ¿tendrán conocimiento de estos contratos a amigos y familiares de los funcionarios del IMSS-Bienestar que formaban parte del proyecto de Zoé Robledo para construir su candidatura al gobierno de Chiapas? La pregunta queda en el aire…
Piden derogar la «Ley Censura»…
En defensa de la libertad de expresión, el Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa para derogar la llamada «Ley Censura» ante el Congreso de Puebla, especialmente el delito de «ciberasedio» utilizado para pretender acallar a los críticos y a quienes piensan distinto del gobierno que encabeza Alejandro Armenta.
Con ello, el PRI se convirtió en la primera fuerza política en presentar formalmente una iniciativa para poner fin a la persecución de las voces críticas al oficialismo.
