Los derechos de propiedad intelectual conceden beneficios y seguridad a los diversos sectores productivos, ya que dicha propiedad tiene por objeto la protección de creaciones, como invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres, imágenes y signos distintivos, etcétera, que son utilizados en el comercio; asimismo, favorece la competencia económica al proteger al consumidor mediante certeza en la cabalidad de su compra.

Ante este panorama, actualmente existe una polémica respecto de las posibles violaciones a los derechos de propiedad intelectual derivado de una iniciativa federal, ya que el pasado mes de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación del llamado Tianguis del Bienestar, un programa que consiste en la instalación de mercados en 70 comunidades cuya principal característica social es la “pobreza extrema” en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, con la finalidad de poner a disposición de los habitantes de esas localidades de manera gratuita, bienes y mercancía nuevas que incluyen entre otros, ropa, calzado, herramientas, utensilios para el hogar y juguetes que hayan sido asegurados, decomisados o abandonados y su administración y destino esté en manos del Ejecutivo federal.

El programa, presentado por el mandatario y el cual ya ha iniciado en la zona de la montaña guerrerense, tiene por objetivo principal mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas que menos tienen, con la finalidad de contribuir a reparar una “deuda histórica” con las comunidades más vulnerables del país.

Sin embargo, actualmente la venta o donación de artículos asegurados y decomisados por la autoridad federal o, en su defecto, abandonados por un particular, que violen derechos de propiedad intelectual, está prohibida en el país por ser actos que constituyen infracciones administrativas, incluso, delitos.

Por este motivo, si bien la legislación nacional establece reglas para destruir los bienes asegurados, decomisados o abandonados en las aduanas y que violen derechos de propiedad intelectual al haber sus titulares promovido una acción contenciosa, dicho programa establece algunas aristas, ya que no todo producto asegurado o decomisado, que se encuentra en manos del Ejecutivo federal, ha sido notificado de manera previa a los titulares de esos derechos de propiedad intelectual para que estos emprendan acciones legales en contra de ellos. Por ello, el gobierno federal debe implementar una estrategia para que, antes de poner a disposición del público los bienes que formarán parte de esta iniciativa, se dé a los titulares de los derechos la oportunidad de revisar si dichos artículos infringen o violan sus derechos y evitar con esto la comisión de alguna infracción o delito en materia de propiedad intelectual, ya que existe la inquietud o incertidumbre de que se introduzcan al mercado artículos que violan este tipo de garantías, ya sea porque a manera de ejemplo reproduzcan de manera ilegal obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor (piratería) o porque falsifiquen marcas registradas protegidas por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial sin que los titulares de derecho tengan conocimiento de ello.

Asimismo, desde que se anunció este programa diversas organizaciones empresariales se pronunciaron en contra, ya que, como legalmente se argumenta, la puesta a disposición de bienes que violan derechos de propiedad intelectual afectaría directamente a las marcas que han sido “imitadas” o “clonadas” y, además, se estaría atentando en contra de la competencia leal y de la protección de creadores de este tipo de derechos, lo que concierne a toda la sociedad; de igual forma generaría poderosos incentivos hacia la “informalidad” y la evasión de impuestos, así como un impacto negativo al ámbito laboral, dado que pueden contribuir al cierre de industrias y comercios con la consecuente pérdida de empleos que ello representa.