DEFENDER A MÉXICO | MARTÍN ESPINOSA
30/07/2025
Defender a México
Por las evidencias que hoy se tienen nadie puede negar que nuestro país atraviesa por una de las peores crisis de su historia, tanto en materia de seguridad como de gobernabilidad, las cuales se han visto en riesgo por las pruebas fehacientes de que las mafias del crimen organizado y el narcotráfico – con todas sus variantes – hoy están incrustadas en estructuras policiacas y de gobierno, como el caso de Tabasco con Adán López Hernández y su ex secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena.
La corrupción y la impunidad que la permite han llevado al país a padecer los más de 221 mil homicidios en los últimos 7 años y más de 125 mil personas desaparecidas, así como aumentos notables en los delitos de extorsión y secuestro que padecemos.
Los «otros datos», los de la realidad tangible y que nos avasalla a diario como sociedad, indican que el problema no sólo persiste, sino que se ha profundizado.
El lunes pasado, la organización empresarial COPARMEX (Confederación Patronal de la República Mexicana) que preside Juan José Sierra, destaca en su «Monitor de Seguridad» del primer semestre del año un alza récord en cifras de extorsión con 5 mil 887 víctimas, la más alta en registros oficiales con un aumento del 83 por ciento en 10 años.
Lo más trágico es que el sector empresarial ha sido el más golpeado por dicho delito con impacto directo sobre la operación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y la generación de empleos. Para colmo, México registró 13 mil 90 víctimas de asesinato en los primeros seis meses de 2025, con focos rojos en varios estados y municipios.
A ello, se suman los constantes señalamientos en contra de gobernadores pertenecientes al partido Morena, como Américo Villarreal (Tamaulipas), Alfonso Durazo (Sonora) y Rubén Rocha Moya (Sinaloa); legisladores federales y locales, así como funcionarios públicos de todos los niveles.
Personajes que han pactado y se han beneficiado política y económicamente de su relación con el crimen organizado.
El manto de impunidad «desplegado» por el oficialismo ha protegido, incluso, a personajes impresentables como Samuel García, gobernador de Nuevo Léon por Movimiento Ciudadano, quien ha sido denunciado de manera recurrente por ilícitos del «calibre» de lavado de dinero, triangulación de recursos públicos, delitos electorales, persecución política y nexos con el crimen organizado, mismos que ha logrado evadir por ser aliado del actual gobierno, que influye para que le «arreglen» las carpetas de investigación y ya no se proceda en su contra.
Es claro que el problema de la inseguridad continúa siendo una de las principales urgencias en todo el país, pero el presupuesto destinado a atenderla ha tenido recortes considerables ante el quiebre de las finanzas públicas y el endeudamiento excesivo en que ha incurrido el actual régimen.
Tan solo el monto asignado a Seguridad Nacional y Policía en el Presupuesto de Egresos de la Federación se redujo este año, al pasar de 0.7 por ciento del PIB en 2024 a 0.5 por ciento en 2025.
Diversos sectores sociales insisten en implementar, además del procesamiento a políticos implicados en hechos delictivos como los ya descritos y que ha complicado la relación con el régimen que encabeza Donald Trump, la transparencia, la modernización institucional y el fortalecimiento de las condiciones necesarias para el desarrollo social y económico.
Pero con autoridades abiertamente coludidas con las bandas criminales y el narcotráfico, el panorama luce oscuro y desolador.
Resumen editorial
Esta colaboración retrata sin ambigüedades el deterioro institucional y la unión entre poder político y crimen organizado. Una mirada lúcida que urge a la ciudadanía a no normalizar el colapso.
