SUPREMACÍA MAL ENTENDIDA / DESDE CABINA
30/10/2024
Supremacía mal entendida / #DesdeCabina
Lo ocurrido hace unos días en el Senado de la República, con la aprobación en «fast track» para blindar los cambios constitucionales y hacer improcedentes los juicios de amparo, así como la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional contra modificaciones o adiciones a la Carta Magna del país, puede provocar que no sólo se rompa el régimen de instituciones como lo conocemos hasta hoy, sino que se destruya todo el sistema judicial. De ahí la importancia del debate.
No se ha discutido a fondo la llamada reforma al Poder Judicial. Lo que se discutió el jueves pasado en la cámara alta tiene muchos elementos.
Por lo menos, hay cinco argumentos básicos que complican la aprobación de dicho dictamen. Primero, porque viola el principio de «control constitucional», lo que contradice el principio que ordena revisar la validez de la constitucionalidad de los actos que haga el poder reformador.
Su derogación elimina la capacidad de los ciudadanos y de los poderes públicos para cuestionar actos que podrían atentar contra la propia Constitución. En síntesis, que el poder tenga límites y que no pueda modificar la Constitución a su antojo.
Esa es la esencia de la verdadera Supremacía Constitucional: la Carta Magna es la Ley Suprema del Estado y se encuentra por encima de todo el ordenamiento jurídico.
En segundo lugar, viola el principio de «no retroactividad» y protección de los derechos humanos, que está consagrado en el artículo 14 constitucional.
Asimismo, viola precisamente la «supremacía constitucional» que en pocas palabras se traduce como el respeto a nuestra Carta Magna por ser la norma suprema del país.
También elimina la posibilidad de presentar por parte de quien se oponga a un acto de autoridad esas inconformidades contra reformas que se hagan de manea ilegal, que incurran en inconsistencias y que sean fraudulentas.
Todo ello genera un gran clima de inseguridad e incertidumbre jurídica y de falta de confianza en el estado de Derecho, lo que debilita las instituciones y, sin duda, pone en riesgo no solo tratados y acuerdos internacionales firmados por México, sino también – y lo más grave – la viabilidad del gobierno federal que apenas comienza.
De ahí la congruencia en la postura de la oposición, presentada con claridad y contundencia por la bancada priísta en la cámara alta, en voz de su líder Alejandro «Alito» Moreno, para que la Constitución mantenga su carácter fundador y regidor de la estructura operacional del gobierno.
Investigación en curso…
El hoy senador morenista Alejandro Murat, quien obtuvo su «capital político» gracias al PRI en el que militó durante más de 30 años, cobijado por su padre José Murat, se encuentra bajo una de las investigaciones más profundas que llevan a cabo las autoridades anticorrupción de España en contra del presidente izquierdista Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y su esposa.
Tal es el caso de Koldo García Izaguirre, quien fuera asesor del ministro español de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el hoy diputado José Luis Ábalos, quien se encuentra en proceso judicial debido a que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española encontró indicios de la presunta compra a sobreprecio de cubrebocas durante la pasada crisis sanitaria por Covid-19 y la adquisición de combustibles de manera ilegal para no pagar el IVA en aquel país.
Apodado «el Comisionista», Koldo García está acusado de tráfico de influencias en el que destaca el «impulso» de vuelos directos de España a Oaxaca capital y Huatulco a través de Air Europa, así como la promoción de negocios durante la gubernatura del entonces priista Alejandro Murat a través de Víctor de Aldama, a quien el joven Murat le otorgó el título de «promotor cultural, turístico, comercial y económico» del estado, así como el patrocinio a nombre del gobierno oaxaqueño al equipo de futbol español Zamora FC, propiedad de De Aldama.
Atentos a lo que se viene.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/martin-espinosa/supremacia-mal-entendida/1681713